Mario González García y la peligrosidad social (x carolina)

El 26 de noviembre, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) tuvo una oportunidad para desistir en la persecución de Mario González García a los 49 días de una huelga de hambre. Ese día estuvo programada la segunda audiencia de pruebas ante el juzgado 19 de delitos no graves. Sin embargo, por segunda vez, los dos policías citados para dar testimonio no llegaron. A pesar de los argumentos de los abogados de la defensa para seguir con la audiencia, el ministerio público y la juez Marcela Ángeles Arrieta se negaron a hacerlo con los mismos argumentos que habían usado para revocarle la libertad provisional— la peligrosidad social de Mario.

Junto con otros ocho compañeros detenidos con él antes de la marcha del 2 de octubre –– Aztlalli Cabrera Prado, Irene Pérez Villegas, Erick Leonel Aguilar Ruiz, José Luis Ramírez Alcántara, Cristian Antonio Carmona Emmer, César Uriel Cruz Elías, Carlos Jhasi Jarquín Peña y Hugo Guillermo Mejía Ventura–– Mario se presentó para la audiencia. Fue trasladado al juzgado desde el hospital del penal de Tepepan, vestido solo en su bata del hospital. Debido a haber bajado de peso 15 kilos y sufrir daños al hígado y los riñones por no haber probado alimento, sufrió desmayos mientras esperó durante 4 horas para escuchar las acusaciones de los testigos que no llegaron.

Adentro y afuera del tribunal hubo manifestaciones de apoyo, incluyendo canciones de unos compañeros jaraneros. Como ha sido la costumbre en una serie de marchas, mítines y actos de protesta, llegaron los granaderos para hostigar a la gente y encapsular al mitin. Una compañera hizo uso del megáfono para insistir en que “La fuerza pública no debe de estar reprimiendo. La fuerza pública debe de ir por los policías que no se han presentado otra vez. Exigimos a la juez encargada del caso de Mario González que envíe a la fuerza pública para presentar a los testigos. Exigimos que la audiencia se lleve a cabo. ¡Que las autoridades hagan su trabajo!”

La profesora Isabel Varela recuerda que Mario era un excelente estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de Naucalpan y que fue expulsado por organizar a los estudiantes a resistir la imposición del plan de estudios neoliberal conocido como el documento de los 12 puntos. Por defender los derechos estudiantiles y los derechos humanos, por participar en una mesa de diálogo y en foros sobre la educación, y también por resistir al porrismo y al clima represivo en el colegio, fue detenido y encarcelado bajo cargos falsos dos veces antes de su detención el 2 de octubre y criminalizado en los medios de comunicación.
Después de salir del Reclusorio Norte, Mario empezó a participar en el plantón a fuera de Rectoría en la UNAM para exigir la re-inserción de los expulsados del CCH. Antes del 2 de octubre, la Rectoría de la UNAM, a través del abogado general Luis Raúl González Pérez, mandó un documento exigiendo su salida del espacio. Afirma la profesora Varela que el documento contiene una amenaza escrita donde recuerda a los estudiantes que hay alguien que ya tiene antecedentes y que puede reincidir.

El 2 de octubre, Mario, junto ocho compañeras y compañeros, fueron bajados de un camión cuando estaban en camino a la marcha conmemorativa, golpeados, torturados con choques eléctricos y golpizas, y encarcelados bajo cargos falsos de ataques contra la paz que nunca ocurrieron. No pudieron haber participado en ningún acto durante la marcha porque no estuvieron ahí. Dicen que aventaron petardos desde el camión, pero no hay una sola prueba de esto. Si los videos tomados por las cámaras en la calle hubieran avalado las acusaciones del Ministerio Público, seguramente las hubieran presentado como pruebas. Pero aunque la defensa exigió que se presentaran, fueron destruidos.
El 8 de octubre todos fueron liberados bajo fianza, pero cuando Mario estuvo a punto de salir, dos agentes judiciales lo jalaron para dentro de nuevo. Ese mismo día él empezó su huelga de hambre, la cual se llevó a cabo en un ambiente de hostigamiento extremo en el Reclusorio Oriente en una celda con 17 otros presos, antes de ser trasladado involuntariamente al hospital en Tepepan el 22 de noviembre.

Al salir del juzgado el 26 de noviembre, Patricia García Catalán, la mamá de Mario agradeció a todas las personas que se manifestaban afuera y reiteró: “Sabemos que Jorge Mario está en el reclusorio por órdenes del gobierno. No tienen argumentos, no tienen pruebas, no tienen nada en contra de él. Sabemos que si desiste el ministerio público, mi hijo saldrá libre. Dice la juez que si las órdenes vienen desde arriba para liberarlo, ella lo va a hacer. Mientras tanto mi hijo podría morir, pero a ella no le importa.”

El abogado Guillermo Naranjo reportó: “Hoy los policías no asistieron. Y no asistieron con toda intención y con todo dolo para dilatar la audiencia. Por lo regular cuando no se les notifica o cuando se les notifica y faltan por algún error, generalmente viene la mayoría, pero no vino ninguno. Sospechamos que esto tiene un transfondo político y obedece mando de órdenes superiores. Nosotros solicitamos se llevara a cabo la audiencia de Jorge Mario a lo cual se negaron la juez y el ministerio público. Nosotros argumentamos y presentamos un dictamen médico en el cual se demostrara que la salud de Mario ya estaba siendo deteriorada y que conforme pasara el tiempo le iba a hacer más daño a su salud. Por eso atendiendo a sus derechos humanos y a su integridad y a su vida, solicitábamos se llevara a cabo la audiencia el día de hoy con las pruebas que se tuvieran. . . La juzgadora está demostrando con actitudes totalmente tendenciosas que no va a responder a la legalidad ni al derecho, sino que está respondiendo a consigna. Y su consigna es no dejar salir a Jorge Mario. A la vez, solicitamos nuevamente que se dictara la libertad. La razón por la cual él se cambió su nombre no era imputable a él, que cuando él quiso corregirlo, no se le permitió hacerlo. En consecuencia solicitamos que se dictara la libertad, rectificando su nombre. El ministerio público se opuso y la juzgadora también, argumentando los mismos elementos por los cuales le revocaron la libertad provisional—que Mario es un peligro para la sociedad. No nos justifica por qué. Que Mario es reincidente. Pero esto no es una causa para revocar la libertad provisional o negarla. Pensamos que hay que señalar a los responsables, que son el gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en este caso se está haciendo cómplice el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal”.

La abogada Lizbeth Lugo explica que “los compas están acusados de ataques a la paz, un delito no grave, por eso la juez había autorizado su libertad provisional. Sin embargo, nos enteramos que después, el ministerio público alegó que el compañero Jorge Mario era una persona de peligrosidad social por haber sido implicado en diversos procesos penales anteriores y por haber variado el nombre durante su detención en la averiguación previa. La jueza aceptó la acusación del ministerio público sin ninguna base legal, sin ningún sustento jurídico. Pero esto no es motivo para negarle la liberación provisional. A muchas otras personas les han reconocido el derecho a liberación provisional aún teniendo antecedentes, aún variando el nombre. Estamos en un estado de excepción. Estamos en una persecución específica.

“El argumento de peligrosidad social se da a partir de estudios criminalísticas donde se ve la peligrosidad a partir de los actos delictivos que ha realizado dicha persona. Pero en sus dos estudios criminalísticas, el compañero aparece como una persona estable emocionalmente. No hay ninguna situación de violencia familiar. Tampoco ha participado en delitos graves. No hay ningún sustento para alegar que el compañero es de peligrosidad social. Lo único que podemos interpretar es que esto viene de su ideología política. Del mismo modo, la magistrada Celia Marín Sazaki determina que Mario González debe permanecer en prisión, una vez más reproduciendo lo que el ministerio público ha alegado. En ningún momento ni la juez ni la magistrada ha realizado un análisis jurídico legal del asunto. Bajo el mismo argumento la misma magistrada Celia Marín Sasaki detuvo durante más de un año a Victor Herrera Govea por situaciones en la marcha del 2 de octubre del 2010.

“Denunciamos de antemano una irregularidad, una manipulación a sus leyes, una violación a sus mismas leyes para detener al compañero Mario arbitrariamente secuestrado por el gobierno del distrito federal”.

¿Y la peligrosidad social? ¿Cuál es más peligroso para el pueblo?

¿Un joven defensor de la educación laica, pública y gratuita? ¿o un rector privatizador que castiga toda oposición a su modelo neoliberal?
¿Un activista estudiantil que sale a marchar contra la represión? ¿ o un gobierno policiaco que lo detiene, lo tortura, lo encarcela y lo acusa de delitos fantasmas?

¿Un activista que sostiene una larga huelga de hambre para poder participar en su proceso en libertad? ¿ o un poder judicial que le aplica un castigo ejemplar sin una sola prueba en su contra?
¿Un activista que llama a los movimientos sociales a vencer su miedo y salir a apoyar a sus presos políticos? ¿ o un cuerpo policial que agrede con lujo de violencia a cualquier acto de protesta en el Distrito Federal?
¿Un joven rebelde que actúa para acabar con un sistema de opresión? ¿o un sistema que es una amenaza para la humanidad y para el planeta?

¿Y a alguna autoridad le importa la peligrosidad de este sistema para Mario González García? Él sigue en huelga de hambre y siguen las actividades en apoyo a su libertad. El jueves 28 de noviembre, sale una marcha desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) para el hospital en Tepepan, donde se instalará un plantón. También se anuncia una manifestación afuera del Juzgado 19 de delitos no graves en la calle Sullivan 133, cerca del Metro San Cosme, el martes 10 de diciembre.

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