“A un año de su detención el 2 de octubre, cuatro personas persisten en su defensa”

Jorge Mario González García, uno de los detenidos el 2 de octubre. Foto: Especial

(Texto de )

MÉXICO, D.F. (apro).- A un año de su detención durante las protestas del 2 de octubre de 2013, que devinieron en confrontación con policías, cuatro personas continúan el proceso de apelación a las decisiones judiciales e impulsan amparos para recuperar su libertad.

Jorge Mario González García, Alejandro Bautista y Abraham Cortez, permanecen presos y y combaten las sentencias que los confinaron a más de cinco años de prisión por la presunta comisión del delito de ultrajes a la autoridad.

A ellos se suma Gabriela Hernández Arreola, conocida en redes sociales como Luna Flores, quien justo hoy recibió la confirmación de la sentencia de un año cuatro meses impuesta por la juez penal Marcela Ángeles Arrieta, quien debió reabrir el expediente hace unas semanas por una orden de la instancia superior por violaciones al debido proceso.

En diferentes oportunidades procesales, los presos del 2 de octubre de 2013 han expuesto las contradicciones, ausencia de probanzas y violaciones de garantías de que se dicen víctimas sin que hasta el momento, las instancias judiciales hayan admitido sus pruebas.

En el caso de Jorge Mario González, detenido cuando viajaba a bordo de un camión de la Ruta 1, en la calle Isabel La Católica, las únicas pruebas en su contra son los testimonios de dos policías que no lo identifican plenamente como el perpetrador de los delitos que se le imputan.

Conforme a la acusación, desahogada también por la juez Ángeles Arrieta, el operativo que detuvo a la unidad de la Ruta 1, ocurrió por un llamado al número de emergencia, en el que se indicó que desde el autobús se arrojaban objetos explosivos que habrían causado daños a mobiliario urbano, particular y a transeúntes.

Sin embargo, en el caso jamás se acreditaron lesiones, no hubo denuncia ni víctimas de las supuestas detonaciones. Un peritaje determinó que no había registro de daños a mobiliario ni propiedades de ningún tipo y no hay testigos de que esos artefactos hayan sido arrojados.

En la toca 273/2014, desahogada en la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, constan las declaraciones de los policías Édgar Utrera y Karina Rosales, quienes aseguraron que no vieron los artefactos explosivos ni si alguien los arrojó. Tampoco pudieron identificar a Jorge Mario como responsable, excepto porque, afirman, fue señalado por el chofer del camión y los pasajeros.

Pero éstos tampoco fueron llamados al juicio que –no obstante que se trató de un delito leve y con falta de pruebas– Jorge Mario enfrentó en prisión, debido a que la juez Marcela Ángeles Arrieta, consideró que el exestudiante del CCH Naucalpan, era una persona de “peligrosidad social”.

De acuerdo con Nuria Ramírez, pareja del joven, se espera que en esta misma semana un tribunal constitucional asigne el caso a un ponente a fin de que puedan desahogarse diferentes violaciones a garantías y lo que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han considerado: Se trata de un preso de conciencia porque se le tiene en prisión por sus ideas, es decir, por ser anarquista.

Consultar el texto completo en: http://www.proceso.com.mx/?p=383595

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